Nueva acusación contra Bascou: la Fiscalía pide condena y la defensa denuncia «persecución

La fiscal Paula Goyeni solicitó una pena de 24 meses de prisión, 3 años de inhabilitación especial y una multa de 200 Unidades Reajustables para el exintendente de Soriano, Agustín Bascou, imputado por el delito de conjunción del interés personal y público. Esta nueva formulación de cargos surge luego de que el Tribunal de Apelaciones anulara la condena previa emitida por la jueza Ximena Menchaca y devolviera la causa a foja cero, dado que la fiscal anterior presentó su escrito fuera de los plazos legales establecidos.

La acusación fiscal se fundamenta en que Bascou mantuvo tácitamente activo un convenio entre la Intendencia y ANCAP (Sisconve) para el abastecimiento de la flota municipal y firmó la renovación de compras de lubricantes, lo que impulsó las ventas de las estaciones de servicio Radial Mercedes e Ilanir S.A., de las cuales era copropietario. Goyeni sostuvo que se trata de un delito de peligro abstracto —que sanciona la incompatibilidad de roles sin necesidad de probar sobrefacturación o daño patrimonial— y remarcó que declarar las empresas de forma genérica ante la Jutep no eximía al exjerarca de transparentar el conflicto de interés específico ante la comuna.

Por su parte, los abogados defensores Juan Fagúndez y Pablo Vera solicitaron la absolución total de Bascou sosteniendo la ausencia de dolo y la inexistencia de un beneficio económico indebido, postura respaldada por una pericia del Instituto de Técnica Forense. La defensa argumentó que los bienes estaban debidamente informados ante la Jutep, que existía la orden explícita de no cargar en los locales del intendente y que la concurrencia a la estación de Dolores respondía a un imperativo logístico por ser la única de la red estatal en la zona. Finalmente, calificaron los diez años de trámite judicial como una persecución e impugnaron el actuar de la Fiscalía por alterar los criterios de imputación para encubrir el vencimiento de los plazos iniciales.

La fiscal Paula Goyeni volvió a solicitar la condena del exintendente de Soriano, Agustín Bascou, pidiendo 24 meses de prisión, 3 años de inhabilitación y una multa económica por el delito de conjunción del interés personal y público.

El caso debió reiniciar su fase acusatoria debido a que el Tribunal de Apelaciones anuló un fallo anterior, dictado por la jueza Ximena Menchaca, al constatarse que la fiscalía previa presentó sus cargos fuera del plazo legal.

El eje del reclamo fiscal radica en que Bascou no canceló el convenio Sisconve firmado con ANCAP en la administración anterior, lo que derivó en que la flota municipal cargara combustible en estaciones de las que era socio. La fiscalía argumenta que esta omisión, sumada a la firma de un acuerdo para adquirir lubricantes, generó un beneficio comercial directo para sus empresas. Según la acusación, se trata de un delito de peligro abstracto que afecta la transparencia pública, por lo que declarar la titularidad de las sociedades en la Jutep sin especificar el conflicto de interés directo resultaba insuficiente.

En respuesta, la defensa del exjerarca exigió su absolución argumentando la ausencia total de dolo y de perjuicio patrimonial, basándose en informes del Instituto de Técnica Forense. Los abogados aseguraron que el uso de sus estaciones respondió a razones logísticas —al ser su local el único con sistema ANCAP en Dolores— y respaldaron el accionar de Bascou en consultas jurídicas previas. Finalmente, calificaron el proceso de diez años como una «persecución» ilegal y criticaron que la Fiscalía alterara los criterios de la imputación para corregir sus propios errores procesales.