En el marco de la convocatoria nacional de usuarios legítimos de armas de fuego frente al Palacio Legislativo en Montevideo, Daniel Olivera, presidente del Club de Tiro de Mercedes, expuso el profundo malestar del sector ante las nuevas restricciones que el gobierno intenta implementar en materia de acceso a armas y municiones.

El representante enfatizó que esta movilización, de carácter estrictamente pacífico, congrega a delegaciones de todos los departamentos del país con el objetivo de visibilizar una disconformidad generalizada ante decisiones que consideran un cercenamiento injustificado de las libertades civiles.

El argumento central de los tenedores legales radica en que la actividad ya se encuentra rigurosamente regulada y fiscalizada en Uruguay mediante un sistema de controles cruzados sumamente estricto, donde la Policía otorga la aptitud del ciudadano (THATA) y el Ejército autoriza el registro del armamento.

Olivera describió el complejo entramado burocrático que enfrentan actualmente los usuarios legítimos, señalando que las exigencias administrativas resultan desproporcionadas: «para la adquisición de una sola munición —no ya una caja de balas—, se les exige presentar de forma presencial el THATA, la guía del arma, la cédula de identidad, el número telefónico, la dirección particular y, en algunos departamentos, incluso la credencial cívica» explicó.

Según expuso, «pretender imponer más controles sobre los controles ya existentes no soluciona el problema de fondo, sino que termina asfixiando al ciudadano que cumple con la ley e incentivando, de manera indirecta, el mercado negro» dijo.

Finalmente, Olivera advirtió «sobre el impacto y el alcance de estas medidas normativas en el interior del país, detallando que solo en el departamento de Soriano existen aproximadamente 8.100 tenedores legítimos que verían afectados sus derechos por los nuevos topes anuales de compra de municiones y otras limitaciones operativas».

Asimismo, cuestionó «que estas reformas se focalicen en el sector regulado, cuando las verdaderas causas de la inseguridad pública se encuentran fuera del padrón legal, recordando los graves retrasos históricos del sistema, donde un ciudadano con todos sus papeles en regla ha llegado a esperar hasta un año entero por parte de las autoridades policiales simplemente para poder renovar sus permisos vigentes» concluyó Olivera.