La fiscal de Soriano, Luisa Vago, solicitó el sobreseimiento (cierre del caso sin condena) del intendente Guillermo Besozzi y seis exdirectores municipales. Tras analizar 16 hechos imputados originalmente por presunta corrupción, la fiscalía concluyó que no hay pruebas suficientes para un juicio oral o que los actos señalados no constituyen delitos.
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Ausencia de perjuicio: La fiscal determinó que los actos investigados no generaron un daño económico a la administración pública ni afectaron el prestigio de la institución.
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Trámites regulares: En la mayoría de los casos (como entrega de materiales o arreglos de caminos), se comprobó que los beneficiarios realizaron los expedientes administrativos correspondientes, descartando la «arbitrariedad».
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Errores administrativos vs. Delitos: Varios hechos (como reservas de hotel para políticos o exceso de horas facturadas) fueron atribuidos a errores de funcionarios subalternos o falta de control eficaz, pero no a una intención delictiva de Besozzi.
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Insuficiencia de las escuchas: La fiscalía señaló que las interceptaciones telefónicas por sí solas, sin otras pruebas que las respalden (como peritajes contables o testimonios incriminatorios), no alcanzan el estándar de «certeza» requerido para una condena.
Análisis de los casos principales
Conclusión jurídica
La fiscal subrayó que para condenar se exige «plena prueba», algo que la evidencia recolectada (basada mayormente en interpretaciones de llamadas telefónicas) no logra sustentar. Por lo tanto, las conductas no son reprochables desde el punto de vista penal.