— Aseguran que la contribución adicional impuesta a los pasivos “nace con dudosa constitucionalidad”
Tras la aprobación en el Parlamento de la reforma a la ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Cristina Freire, la presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), expresó que la nueva normativa aprobada «atempera parcialmente los efectos negativos de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo» debido a la presión ejercida por las gremiales de profesionales. Sin embargo, aseguró que la solución planteada es de “corto plazo” y que “no atiende las causas” que han llevado a este desfinanciamiento de la Caja.
Uno de los puntos más cuestionados por la presidenta del CCEAU fue el aumento de la tasa de aportación de los activos. “Insistir con el aumento implicará un incremento de las solicitudes de jubilación, estancamientos en la carrera profesional e incremento de las declaraciones de no ejercicio, como ya fue comprobado”, advirtió.
Además, manifestó su preocupación por la nueva contribución impuesta a los pasivos, a la que calificó como una medida de “dudosa constitucionalidad” por afectar directamente el nivel de las prestaciones, lo cual “va en contra de lo establecido en la Constitución de la República”, tal como muchos legisladores manifestaron en sus intervenciones en las Cámaras. Según expresó, este nuevo aporte, sumado al IASS, “desalienta a los futuros profesionales y genera mayores deserciones de aportantes”.
Otro aspecto cuestionado fue la falta de una solución estructural para la situación del timbre profesional. Si bien la presidenta reconoció el desfasaje que hubo en los últimos 20 años, que implicó un subsidio de los profesionales a la sociedad, estimado en más de U$S 1.000 millones, lamentó que la corrección solo haya sido proyectada “hacia el futuro y a partir de enero de 2026”, sin contemplar mecanismos de recuperación de lo ya vertido, en particular a los tres quintiles más altos de ingresos de la sociedad, con ajustes anticipados.
“Las propias gremiales médicas han manifestado que la aplicación de los timbres en salud no constituye una carga para los sectores de menores recursos, ya que estos están desgravados”, indicó.
Desde el CCEAU también se hizo énfasis en que la Caja Profesional es la que menos recursos toma de la sociedad si se la compara con otros sistemas previsionales, y también expresó que es la que otorga “menor pasividad en relación a los aportes efectuados”.
En ese sentido, la presidenta reafirmó que el Colegio había presentado “una propuesta concreta” que involucraba solamente a los profesionales, sin afectar las finanzas públicas ni exigir aportaciones de terceros no profesionales. Sin embargo, lamentó que esa propuesta no haya sido considerada.
“El sentimiento de frustración que nos alcanza como profesionales no impedirá al CCEAU volver a presentar su planteo si fuera convocado”, dijo Freire.
Y agregó: “La ley aprobada no atiende la causa principal, que es el abandono de la base de solidaridad intergeneracional entre profesionales y que se manifiesta en la declaratoria de no ejercicio que realizan profesionales que ejercen su profesión bajo relaciones de dependencia o de otro tipo, y se optó por una alternativa que habiendo ya ha sido aplicada ha generado malos resultados”.
Asimismo, Freire criticó la campaña de desprestigio que, a su entender, se ha promovido desde algunos sectores contra la Caja de Profesionales y contra los profesionales en general.
“Denunciamos una campaña impulsada con cifras maliciosas, errores y comparaciones absurdas, que la prensa ha replicado muchas veces con liviandad y sin la debida investigación y análisis”, consideró la presidenta del CCEAU.
Freire también se refirió a ciertas declaraciones de autoridades públicas, a las que calificó de “inconvenientes e improcedentes”, por contraponer “a la sociedad con los profesionales, como si no fuéramos parte de ella”.
Y recordó que los profesionales contribuyen a la financiación del sistema solidario en igual medida que cualquier ciudadano, tanto a través del IVA como de otros impuestos, incluidos los aportes indirectos al BPS y a otros regímenes, como el militar y el bancario.
“La Caja de Profesionales ha sido la única que no ha recibido hasta el momento asistencia financiera del Estado, y aun así, hemos aportado más de 600 millones de dólares al BPS a través del IASS”, afirmó.