En un documento presentado ante la Suprema Corte de Justicia y la Corte Electoral, los dirigentes blancos califican de «irregular» el proceso judicial contra el intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, advirtiendo que «afecta el sistema electoral-político» y la «voluntad popular».

El Partido Nacional ha vuelto a poner el foco en la situación del intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, quien fue imputado este año por presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado junto a más de veinte funcionarios de la intendencia.

Este lunes, los senadores Álvaro Delgado, Javier García y Carlos Camy presentaron un documento ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que Macarena Rubio, presidenta del directorio, hizo lo propio ante la Corte Electoral. El escrito, al que accedió Montevideo Portal y del que dio cuenta El País, subraya la «irregularidad» del proceso judicial y su potencial impacto en el «sistema político electoral».

Actualmente, Besozzi tiene prohibido el ingreso a edificios municipales, incluida la intendencia, como parte de sus medidas cautelares. La defensa del intendente había solicitado la revocación de esta restricción, que se resolvería en la audiencia prevista para este jueves 26. Otras medidas cautelares incluyen la reclusión nocturna, la retención de pasaportes y la obligación de presentarse semanalmente ante la policía.

Críticas al proceso judicial

El documento del Partido Nacional argumenta que «el tracto procesal dado por la jueza de garantías ha impedido que hasta la fecha se haya obtenido resolución sobre el asunto», calificando este accionar de «irregular» por no seguir el «marco normativo procesal aplicable», lo que, aseguran, ha redundado en un «claro beneficio de la posición fiscal».

Los blancos critican que la defensa de Besozzi «todavía se encuentra lejos de obtener una resolución que permita al Sr. Intendente de Soriano… ejercer el mandato y cumplir con las obligaciones». Además, señalan que la jueza de garantías ha tramitado otras solicitudes de la defensa por vía de audiencia, pero en este caso optó por la vía escrita, lo que «conlleva una mayor dilación».

Según el Partido Nacional, la Fiscalía revisó el pedido y contestó «fuera del plazo legalmente previsto» de tres días, una situación que, afirman, fue «advertida inmediatamente a la Sede por parte de la defensa del Sr. Besozzi, la cual debía resolver de manera inmediata y sin oposición de la Fiscalía».

Sin embargo, el documento sostiene que la jueza de garantías «cambió su criterio» y dispuso el uso del primer método, convocando a una audiencia que se realiza esta semana.

Conclusiones del Partido Nacional

El escrito concluye que esta situación genera «fundamentalmente» tres puntos:

• Dilación innecesaria: «Existió un desvío del marco normativo procesal aplicable, lo que genera una dilación innecesaria del proceso en claro perjuicio al Sr. Besozzi.»
• Beneficio a la Fiscalía: «Supone además ‘salvar’ el error fiscal de haberse presentado fuera de plazo, lo que procesalmente debió haber conllevado a considerar un allanamiento tácito a la pretensión de la defensa y por ende a una resolución favorable al pedido realizado por el Sr. Besozzi.»
• Inseguridad jurídica: «Genera una inseguridad jurídica preocupante para cualquier justiciable la no observancia del marco normativo aplicable, especialmente cuando esta es claramente en perjuicio del imputado y también claramente en beneficio de la Fiscalía.»

Asimismo, el Partido Nacional advierte que impedir «de forma irregular» a Besozzi ingresar a la intendencia «no solo violaría un mandato constitucional, sino que inclusive se estaría ante un posible delito electoral».

Finalmente, el documento sentencia que «la dilación para resolver sobre la medida cuyo cese se solicita, impidiendo el libre ejercicio de un cargo ya electo por una mayoría abrumadora, en las condiciones analizadas, es una clara intervención ilegítima e infundada que afecta el sistema electoral-político de la República, afectando directamente la voluntad popular de un régimen democrático».