La forma de respaldar a la Policía es la profesionalización de la misma y el respeto a la
institucionalidad y sus capacidades técnico profesionales.
Respaldar la Policía se traduce en fortalecer a la institución.
2000 nuevos policías en el período 2025 – 2030, cuyo destino será fortalecer las
Comisarías en todo el país y la Guardia Republicana. El ingreso del personal será
por etapas, priorizando el interior del país y áreas críticas de la zona metropolitana.
Aumento del salario de la Policía. No hay respaldo efectivo a la función policial si el
salario no crece. Durante el período de gobierno crecerá el salario y la capacidad de
compra tal como se hizo en los períodos de gobierno del Frente Amplio.
Préstamo “limpia sueldo” para el personal policial. Mediante un acuerdo con el
Banco República, en el marco de la Ley 18.358 que determina un régimen de
consolidación de adeudos sobre sueldos y pasividades, se otorgará un préstamo a
aquellos policías que tengan deudas de hasta el 70% de sus salarios. El préstamo no
consistirá en un monto en dinero, sino que los funcionarios deberán brindar información
acerca de sus deudas y el BROU las saldará. Luego se le descontaría las cuotas del
salario del policía.
El Ministerio del Interior habilitará oficinas específicas para recabar los datos de los
policías interesados en estos beneficios.
El Fondo de Vivienda tendrá representación de los trabajadores policiales para su
administración y gestión. Se rediseñará el Fondo de Vivienda Policial para garantizar
el acceso a la vivienda y el transparente el uso de los fondos provenientes de los aportes
personales. La política de vivienda se orientará a préstamos flexibles y a largo plazo
para la compra de vivienda que permitan elegir dónde quiere radicarse el funcionario y
su familia.
Se asegurará la alimentación a cargo del Ministerio del Interior a todo el personal que
preste funciones en situación de horarios especiales en las comisarías seccionales de
jurisdicción rural.
Diseño e implementación de “una nueva política” de gestión del personal que
garanticen las necesidades del servicio, otorgando una perspectiva humanista a los
destinos y turnos laborales del personal, así como garantizar el equipamiento adecuado
y un sistema disciplinario que respete la dignidad del trabajador policial.
Actualización de normativa referente del sistema de calificaciones, evaluaciones
y ascensos, incapacidad física y retiro por incapacidad, así como procesos
administrativos de reincorporación a la tarea operativa (reintegro de
equipamiento). En los primeros meses de gestión se revisará la normativa en estas
áreas para garantizar equidad y transparencia en los procesos y también un régimen
disciplinario que respete la dignidad de los trabajadores de la Policía Nacional y evite
abusos y malas prácticas
Creación de la Defensoría de la Policía en la institucionalidad del Ministerio del
Interior que asuma responsabilidad en materia de Bienestar Laboral de
funcionariado policial. Entre las áreas prioritarias estará la promoción de la atención
prioritaria a la salud laboral del personal policial y su familia en toda su dimensión física
y mental, a través de un programa específico del Sistema Nacional Integrado de Salud.
En forma prioritaria, se prestará atención integral a las enfermedades profesionales de
la policía, con especial énfasis en la salud mental en tanto prevención como abordaje
sistémico a la misma.
A su vez, se ocupará de la atención de asuntos administrativos relacionados con la
situación funcional del personal.
Retirar el INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) de la órbita del MI (Ministerio
del Interior) pasando a depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
a crearse en el período de gobierno.
El traslado de las cárceles fuera de la órbita del Ministerio del Interior será gradual,
manteniendo éste la responsabilidad de la seguridad y las actividades de inteligencia en
dichos establecimientos.
Atención en salud en ASSE para los privados de libertad.
Durante la próxima administración el Hospital Policial dejará de prestar servicios de
salud a los privados de libertad y pasará a realizarlo ASSE en todo el país. El plan de
traspaso será gradual comenzando por los centros con mayor cantidad de privados de
libertad.
Reformulación de las condiciones laborales del funcionario penitenciario.
En diálogo con los sindicatos involucrados y con COFE y en el contexto de la reubicación
institucional del INR se estudiarán modificaciones al estatuto del trabajador penitenciario
tratando de que refleje para beneficio de todas las partes y de la comunidad toda, las
particularidades evidentes que el trabajo tiene