La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el 9 de junio de 2026 por el hurto de un teléfono celular Samsung modelo A56, avaluado en USD 499 (dólares americanos cuatrocientos noventa y nueve), ocurrido en una institución privada ubicada en calle José Pedro Varela, entre José Enrique Rodó y Tomás Gomensoro, en la ciudad de Dolores.
De acuerdo con las actuaciones realizadas, el hecho ocurrió próximo a la hora 08:00, cuando un hombre ingresó al establecimiento y, posteriormente, se constató la faltante del dispositivo móvil que se encontraba sobre un escritorio del lugar.
A partir de la denuncia, personal de Seccional Quinta llevó adelante diversas actuaciones investigativas, entre ellas el relevamiento y análisis de evidencia digital, y la recopilación de elementos probatorios que permitieron identificar al presunto autor del hecho.
Como resultado del trabajo policial y de las coordinaciones efectuadas con la Fiscalía Letrada de Dolores y el Juzgado Letrado de 2.º Turno de Dolores, se obtuvo una orden de detención que fue cumplida el día 22 de junio por efectivos de Seccional Quinta.
Las investigaciones permitieron establecer además la participación del indagado en otros dos hechos que venían siendo investigados por la Policía en jurisdicción de la misma dependencia: un hurto cometido en una casa de familia denunciado el 20 de abril de 2026 y un hurto perpetrado en el interior de otra vivienda denunciado el 8 de junio de 2026.
Finalizada la instancia judicial celebrada el 23 de junio de 2026, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de 2.º Turno dispuso la formalización de la investigación respecto de Washington Daniel Britos Urán, de 35 años, por la presunta comisión de tres delitos de hurto en régimen de reiteración real. Posteriormente, mediante proceso abreviado, fue condenado como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto, todos en régimen de reiteración real y a título de dolo directo, imponiéndosele una pena de tres (3) meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Una vez culminadas las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes, el condenado fue trasladado a una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación para el cumplimiento de la pena impuesta.