En el día de hoy, estamos convocados para la votación del presupuesto del quinquenio, período 2026-2030. Es de orden poner en conocimiento de la población algunas puntualizaciones a considerar:

Los compañeros ediles que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, firmaron el informe elaborado en Comisión para que el mismo, se elevara al Plenario, quien es el órgano soberano de esta Junta Departamental.

La población tiene que saber que las Comisiones son netamente asesoras de este cuerpo y no tienen potestad resolutiva.
Desde nuestra banca valoramos profundamente la tarea realizada por dicha comisión, donde tuvieron instancias de intercambio con el intendente, directores, Consejos Municipales e integrantes de ADEOMS, pero claramente sostenemos que es el pleno quien resuelve, y es aquí donde se debe realizar el intercambio definitivo.

A mi entender estas puntualizaciones son necesarias para dejar en claro que el haber firmado no es decir que se está de acuerdo con todo el contenido del presupuesto y la forma de presentación del mismo.

Debemos decir que este presupuesto no cuenta con la claridad suficiente para que nos permita a nosotros como representantes del pueblo, tener todos los elementos para hacer posible el control.

Así como para que quienes deban ejecutarlo, puedan hacerlo en forma correcta con el debido seguimiento y evaluación.

Nos preocupa la falta de planificación estratégica para el período 2026-2030, que establezca ejes prioritarios, que permitan definir objetivos específicos y medibles, así como resultados concretos.
El presupuesto presentado se reduce a enunciados generales y carece incluso de memorias descriptivas básicas para las obras previstas, lo que dificulta seriamente el ejercicio efectivo de la función de contralor que nos corresponde a los ediles.
Así como priva a la ciudadanía de la posibilidad real de cotejar las metas en cada ejercicio, en relación con los objetivos planteados.
Como bancada, previo a la presentación del mismo, presentamos diversas propuestas al Ejecutivo; debemos reconocer que algunas fueron consideradas, y varias de ellas fueron desestimadas.
Una vez más, en este período volvimos a plantear la implementación de un presupuesto participativo para aquellas localidades que no cuentan con municipio.

Se trata de una propuesta de bajo costo, que hubiera permitido a los vecinos y vecinas decidir y ejecutar acciones concretas en sus propios territorios.
No implicaba un gran desembolso de dinero, y si le daba a los vecinos de las distintas zonas, la posibilidad de proponer y llevar adelante acciones elegidas e impulsadas por ellos.

Sin embargo, fue nuevamente ignorada, evidenciando una clara falta de voluntad política para promover una participación real de la gente.
Este tipo de herramientas no solo promueven la participación, sino que fortalecen la organización social, el compromiso del ciudadano y el sentido de pertenencia sobre las políticas públicas que se desarrollan.
Son los propios vecinos y vecinas quienes conocen de primera mano las problemáticas y necesidades de sus lugares, y muchas veces también cuentan con las soluciones más precisas y adecuadas para abordarlas.
Su rechazo implica, en los hechos, negarles a los vecinos y vecinas la posibilidad de incidir e involucrarse en las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Por otra parte, el aumento de 240 cargos en este nuevo presupuesto, no responde a la necesidad de funcionarios, sino que responde a la posibilidad de aumentar los ingresos de funcionarios contratados sin concurso o sorteo, amparándose en el 4% que la nueva ley 20451 habilita.
Nuestra fuerza política siempre va a estar del lado de los trabajadores y las trabajadoras, reivindicando la defensa de sus derechos, e insistiendo con el principio de justicia básico: a igual tarea, igual remuneración.
Nuevamente se insiste en prácticas que configuran formas encubiertas de reserva de cargo, en abierta contradicción con lo establecido por la Constitución. Este tipo de mecanismos no solo vulnera principios legales, sino que también erosiona la equidad y la transparencia en la función pública.
En el período anterior, la bancada del Frente Amplio acompañó el presupuesto con la expectativa de avanzar hacia mayores niveles de transparencia y claridad en su formulación. Lamentablemente, en esta oportunidad, el resultado vuelve a ser el mismo, reiterando las mismas carencias y confirmando que no ha habido voluntad real de corregirlas.
El redactar un presupuesto departamental con estas características no es una estrategia inocente, sino que tiene un claro cometido detrás que es la ausencia de claridad y especificaciones, para evitar los controles ciudadanos.
En el entendido que el departamento necesita un nuevo presupuesto para el quinquenio y sabiendo que cuentan con los votos necesarios para su aprobación, no lo votaremos en general y en la discusión particular acompañaremos aquellos contenidos con los que estamos de acuerdo.