Durante varios días, el equipo de Soriano al Día intentó comunicarse con autoridades de InMujeres y del MIDES por el atraso en el pago de salarios al equipo de InMujeres Soriano.
Sin embargo, el silencio fue la única respuesta. Finalmente, este lunes se pagaron los sueldos, pero recién después de que se cumplieran 18 días de atraso.
El mes pasado también hubo demoras. Mientras tanto, lo que nunca se atrasa son los alquileres, las cuentas y los gastos fijos de esas trabajadoras y trabajadores. El argumento oficial habla de demoras en las transferencias a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC, instituciones que gestionan la ejecución de distintos programas sociales), pero seamos claros: el salario no puede seguir siendo la variable de ajuste.
Algunas OSC logran cubrir momentáneamente el faltante gracias a un mayor respaldo económico, pero esa no es la solución. No se puede naturalizar que un equipo que cumple tareas tan sensibles —acompañar y sostener a mujeres en situación de violencia— viva en condiciones de precariedad laboral. Lo más indignante es el doble estándar: cuando se trata de “dar buenas noticias”, siempre hay predisposición para hablar con la prensa local; pero cuando “las papas queman”, pareciera que nadie tiene señal.
Ni la dirección departamental, ni la nacional, ni el propio ministro Gonzalo Civila respondieron a los llamados.
Al mediodía logramos hablar con el coordinador regional de MIDES, Enzo Malán, quien informó que Tesorería del ministerio estaba trabajando en el tema y que los pagos quedarían prontos.
Y así fue.
Pero la realidad es que el daño ya está hecho: un nuevo mes de incertidumbre y angustia para quienes sostienen con esfuerzo este servicio.
Como expresaron las propias trabajadoras en un comunicado: “El mes pasado cobramos el 15, este mes el 18. Esperamos que sea la última vez. Exigimos un gobierno de cercanía, un gobierno que dé respuestas y donde la violencia de género sea prioridad del Estado. Hasta el momento, no lo está siendo.” Ojalá este compromiso se traduzca en hechos y, sobre todo, en el respeto básico que significa pagar en tiempo y forma el salario a trabajadoras y trabajadores que hoy enfrentan condiciones de precariedad laboral.