Se presentó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que establece un plan de acción para el período 2025-2030.

En la instancia, el prosecretario Jorge Díaz, afirmó: «Este Gobierno tiene el el fuerte compromiso político de combatir el lavado de activos. Y ese compromiso se traduce en acciones y también, claro está, en la exigencia de resultados».

Explicó que el documento se elaboró a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2024 y de las áreas críticas identificadas en el proyecto de estrategia previamente redactado, a lo cual se le sumaron sugerencias obtenidas en la discusión que hubo entre todos los involucrados de los sectores público y privado.

La Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva establece un plan de acción para el período 2025-2030, con 22 objetivos, metas y acciones concretas para mitigar los riesgos identificados en las áreas que se agrupan en los siguientes capítulos:

• fortalecimiento institucional,
• coordinación y cooperación interinstitucional,
• medidas preventivas,
• financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

Fortalecer la prevención

Díaz afirmó que en prevención hay mucho por hacer ya que, en materia societaria hay instrumentos que pueden llegar a ser utilizados para el lavado de activos, en especial, en actividades detectadas como las que presentan más riesgos, como por ejemplo:

• narcotráfico,
• corrupción,
• contrabando,
• compraventa de derechos federativos de jugadores de fútbol, publicidad y televisación,
• fraude fiscal,
• estafas de todo tipo.

Énfasis en los resultados 

Aseguró que “Uruguay hoy no está teniendo, desde hace un tiempo largo, resultados concretos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo” y aseguró que los resultados se miden en formalizaciones y condenas.

Ante esta realidad, precisó: “Lo que debemos mostrar es que somos eficaces y eficientes en la prevención y en la represión». Asimismo, destacó la necesidad de generar una percepción compartida del riesgo entre los operadores públicos y privados.

Para el prosecretario, esto es lo prioritario y es en lo que se trabaja desde el 1.° de marzo. Agregó que también se debe seguir insistiendo en la capacitación en procesos investigativos, de policías, jueces y fiscales.

Además de Díaz, participaron de la presentación la secretaria nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorism (Senaclaft), Sandra Libonatti y el consultor Alejandro Montesdeoca.