En una nota anterior, dimos cuenta sobre la presencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en Mercedes. En la oportunidad, Alejandro Cairus, en representación del Grupo Soriano Libre, hizo entrega a la ministra de una nota expresando su ‘Preocupación por políticas sanitarias y vulneración de derechos’.
A continuación, compartimos el contenido de lo expresado.»
Por medio de la presente, el grupo Soriano Libre, integrado por más de 250 familias del departamento de Soriano, ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales, la soberanía nacional y la salud pública responsable, desea expresar a usted y a su equipo, nuestras más profundas preocupaciones en relación con diversos aspectos de la gestión sanitaria que consideramos atentan contra principios esenciales de libertad, transparencia y legalidad.
En primer lugar, manifestamos nuestro rechazo al atropello del derecho de los padres a decidir sobre la salud de sus hijos, una presión tremenda ejercida por el sistema de salud sobre familias uruguayas que optan por no vacunar a sus hijos y que en algunos casos provocan su judicialización.
Niños cuyos padres deciden brindarles otro tipo de vida y salud, niños sanos y amados por esas familias y que el estado quiere arrebatarles con la perdida de la patria potestad.
Esta práctica vulnera muchos derechos fundamentales, como también el principio del consentimiento informado, reconocido tanto por normas nacionales como internacionales y tratados firmados por nuestro país.
El Artículo 11 de la Ley N.º 18.335 sobre Derechos y Garantías de la Persona frente a la Salud Pública, establece el derecho a la autonomía y a la libre elección en decisiones relacionadas con la salud, principios que deben ser respetados y protegidos en todas las políticas públicas.
Es fundamental también señalar que los efectos adversos de las vacunas, incluidos aquellos reconocidos por los propios fabricantes en sus prospectos y reportes técnicos, no son debidamente informados a la población al momento de ofrecer la vacunación.
Hay numerosos casos documentados a nivel nacional e internacional de niños que han sufrido efectos adversos graves, e incluso la muerte, luego de ser vacunados.
Esta situación, que lamentablemente se mantiene en la sombra, evidencia la falta de transparencia sobre los eventos supuestamente atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), que no reciben la difusión ni el seguimiento adecuado para proteger realmente la salud pública.
Además, queremos destacar que la exigencia y recopilación de datos personales relacionados con el estado de vacunación en centros educativos y otras instituciones, sin el consentimiento expreso y libre de los interesados, constituye una vulneración a la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales, la cual garantiza el derecho a la privacidad y a la protección de la información sensible.
Esta práctica no solo afecta la intimidad de las personas, sino que también genera un clima de discriminación y exclusión.
En relación con la educación, hacemos referencia a la Resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), donde se establece claramente que la vacunación no puede ser un impedimento para ingresar, cursar o egresar de una institución educativa.
Sin embargo, lamentamos que esta norma no haya sido respetada en todos los ámbitos, generando exclusión y discriminación.
En el ámbito asistencial, es importante señalar que las cartillas de derechos y deberes de los afiliados de los diferentes prestadores de salud no incluyen la vacunación como requisito para recibir asistencia médica ni para firmar aptitud física.
Estos son derechos de los usuarios, tanto en educación como en salud, han sido vulnerados, especialmente durante los años 2021 y 2022, situación que lamentablemente persiste para las personas y familias que deciden no vacunarse.
En segundo término, nos preocupa gravemente la adhesión del Estado uruguayo al Tratado de Pandemias, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que dicho instrumento transfiere competencias críticas en materia de salud pública a un organismo internacional que ha sido reiteradamente cuestionado por su falta de independencia, especialmente en relación con la influencia de la industria farmacéutica en sus decisiones. Asimismo, señalamos el alarmante aumento de la mortalidad registrado en Uruguay durante los años 2021 y 2022, según datos oficiales del propio Ministerio de Salud Pública.
Esta anomalía estadística coincide con el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID- 19, lo que, a nuestro entender, amerita una investigación transparente, científica e independiente.
A nivel internacional, son cada vez más los países que han iniciado comisiones investigadoras para analizar lo actuado durante la pandemia.
Destacamos especialmente las audiencias llevadas a cabo en el Senado de los Estados Unidos, donde se han puesto de manifiesto elementos de extrema gravedad: el ocultamiento de efectos secundarios graves asociados a las vacunas, decenas de miles de muertes presuntamente vinculadas a las mismas, contratos firmados en secreto con laboratorios farmacéuticos y una preocupante injerencia de estos en el sistema político y los organismos de salud.
Finalmente, observamos con preocupación que el Ministerio de Salud Pública no cumple con su deber de control y fiscalización, conforme lo establece la Ley N.º 9.202 (Ley Orgánica de Salud Pública), al no verificar debidamente la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas que ingresan y se administran en nuestro país.
Por todo lo expuesto, exigimos transparencia, responsabilidad y respeto por los derechos individuales, así como la reapertura del debate público sobre estos temas de alto interés nacional, que afectan directamente a la salud y la libertad de todos los uruguayos.
Quedamos a disposición para dialogar en forma constructiva, como corresponde en una sociedad democrática y plural. Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
Grupo Soriano Libre