Durante su reciente recorrida por el departamento de Soriano, el director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de las empresas, José Pereyra, lanzó duras críticas hacia lo que definió como una «desaparición total del Estado uruguayo» en las poblaciones de menor escala urbana.

Pereyra señaló que el BPS arrastra desde hace años una política de cierre de sucursales y fin de las giras de pago, una herramienta que no solo permitía a los vecinos cobrar en su localidad, sino mantener un contacto directo y «mano a mano» con la institución.

Asimismo, enfatizó que este repliegue no afecta únicamente al BPS, sino que se extiende a organismos fundamentales como el Banco República, Antel, UTE, OSE, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este último por las deficiencias en la red vial y de carreteras.

Según el jerarca, la retirada de las oficinas públicas deja a las autoridades locales con escasos recursos para afrontar la realidad cotidiana.

En ese sentido, graficó la vulnerabilidad de algunas zonas señalando que existen localidades donde después de las 19:00 horas no hay cobertura policial y los propios alcaldes deben intervenir en situaciones de seguridad o realizar arrestos ciudadanos.

José Pereyra defendió iniciativa de amnistía financiera para empresas endeudadas con el BPS

En su reciente visita al departamento de Soriano, el director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de las empresas, José Pereyra, abordó dos temas centrales que preocupan al sector productivo y a la ciudadanía: la distribución de los recursos del organismo y la necesidad urgente de una amnistía financiera para miles de contribuyentes endeudados.

Durante la entrevista, Pereyra cuestionó fuertemente el criterio de gasto y asignación de presupuesto por parte del BPS. Señaló que mientras se invierten sumas millonarias en la refacción de oficinas centrales y locales en las capitales departamentales, en varias localidades del interior se cierran dependencias o se reduce la atención al público a tan solo dos veces por semana. A juicio del director, estas decisiones responden a cálculos políticos y de ahorro económico que terminan perjudicando el servicio directo a los contribuyentes.

Por otra parte, Pereyra detalló los alcances del proyecto de «amnistía general» que viene promoviendo tras mantener contactos y reuniones con legisladores de todos los partidos políticos. El director fue enfático al aclarar que la propuesta no busca perdonar la deuda original, ya que «la deuda se paga y se lauda» para mantener la seriedad financiera y la imagen del país. Sin embargo, el objetivo central radica en la condonación total de las multas, moras y recargos acumulados, a los que calificó de «usura dantesca».

El representante de los empresarios remarcó la asfixiante presión que sufren los pequeños y medianos comerciantes ante el menor atraso en las fechas de vencimiento, donde los recargos pueden alcanzar de forma inmediata el 20%.

Pereyra advirtió sobre el impacto social de estas penalizaciones, asegurando que convierten a los deudores en «parias» del sistema, afectando severamente su futura jubilación e interrumpiendo el acceso a derechos y pensiones para sus familias. Con esta iniciativa, busca generar una salida justa que permita regularizar a las empresas y reintegrarlas al circuito formal.

Finalmente, Pereyra cuestionó la lógica económica detrás de estos recortes en el presupuesto de grandes organismos estatales y calificó la medida como un «ahorro electoral». “Si el ciudadano paga por un servicio, debe tener la misma contraprestación en cualquier parte del país”, concluyó.