La Justicia dispuso la formalización y condena de un hombre de 38 años por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida, en el marco de una investigación llevada adelante por la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Soriano.

Personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, de la Jefatura de Policía de Soriano, llevó adelante una investigación por un presunto delito de apropiación indebida denunciado en jurisdicción de Seccional Quinta.

La denuncia fue presentada el 27 de agosto de 2025 en representación de una firma agropecuaria, dando cuenta de la presunta apropiación indebida de 167 vacunos de distintas razas y categorías en el establecimiento rural “La Redención”.

A partir de ese momento, y bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Dolores, la Brigada desplegó una serie de actuaciones técnicas y coordinaciones interinstitucionales, entre ellas reuniones de planificación en sede fiscal, análisis documental, controles de campo con inspectores zonales de DICOSE y relevamientos digitales.

En los distintos controles realizados se verificó la existencia de ganado de raza Holando en los establecimientos inspeccionados, procediéndose a la lectura de dispositivos electrónicos de trazabilidad, constatación de caravanas, identificación de animales sin chip y documentación de irregularidades administrativas vinculadas a la identificación oficial exigida por normativa del MGAP.

Asimismo, se realizaron actuaciones en otros establecimientos rurales y locales de feria, verificándose transacciones documentadas mediante Guías de Propiedad y Tránsito, no surgiendo en esos procedimientos la presencia de los animales denunciados inicialmente.

Continuando con la investigación, y una vez elevados los antecedentes correspondientes, el 19 de febrero de 2026 el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de 1º Turno dispuso la formalización de la investigación respecto de J.M.R.T., de 38 años, por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida en calidad de autor, imponiéndosele medidas cautelares por un plazo de ciento veinte días.