El trabajo de rastreo se relaciona con desapariciones ocurridas entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

La directora de la INDDHH, Mariana Mota, indicó que, mediante el acuerdo, se propone dar cumplimiento a la ley n.° 19.822, del 18 de setiembre de 2019, de Búsqueda de Personas Detenidas y Desaparecidos, y habilita al acceso de archivos públicos o privados, en cualquier punto del país, para recabar los datos necesarios para las investigaciones, solicitar copias de documentos y otras amplias facultades.

Mota explicó que el convenio de colaboración posibilita la labor de investigación en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional del Uruguay y la Dirección Nacional de Registro de Estado Civil, sin perjuicio de que puedan hallarse otros lugares de interés.

Agregó que, en las últimas horas, el organismo firmó un acuerdo de confidencialidad con el Ministerio de Defensa Nacional, que cambiará la forma de acceso a los archivos. Antes, la INDDHH debía solicitar que se le proporcionara la documentación, en tanto que, a partir de ahora, los investigadores podrán acceder de forma directa a esos escritos y a otros cuya existencia pudiera desconocerse.

“Todo ello en el marco de la búsqueda de información que permita nutrir las líneas de investigación y conocer las circunstancias de la desaparición de tantos uruguayos y uruguayas cuyos destinos todavía no sabemos”, dijo, y agregó que “urge saberlo y poder resolver esas heridas”.

En ese sentido, señaló también que se han firmado acuerdos con el Ministerio de Salud Pública y el del Interior.

Construcción de memoria y consolidación del Estado de derecho 

En el acto de firma, que se desarrolló en la sede de la INDDHH, el titular del MEC, José Carlos Mahía, consideró que dicha actividad era “tan simbólica, tan cargada de pasado y de futuro para nuestro país”. Remarcó que este no es solo un acuerdo administrativo, sino una expresión concreta de cooperación interinstitucional de transparencia y compromiso con la verdad.

Abrir archivos es fortalecer la democracia, contribuir a la construcción de memoria, a la vigencia de los derechos humanos y a la consolidación del Estado de derecho, y este acuerdo es un paso más en esa dirección, reflexionó.

En cuanto al período de revisión, afirmó que son “años que forman parte de nuestra historia reciente y exigen del Estado una respuesta seria, responsable y sostenida en el tiempo”.

Señaló que, desde su secretaría de Estado, se asumió el compromiso de facilitar el trabajo de la INDDHH, posibilitando el acceso irrestricto a los archivos que resulten relevantes.

También se entregarán copias de la documentación requerida sin oponer criterio de secreto, confidencialidad o reserva. Asimismo se habilita el acceso directo a bases de datos digitalizadas y se designará un funcionario de referencia para acompañar técnicamente el trabajo archivístico.

*Presidencia de la República.