Estela Ovelar, secretaria de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), presidió este viernes, en Mercedes, la 2.ª asamblea regional en el oeste del país. La reunión, de carácter estatutario, tuvo como objetivo principal la preparación del Congreso Nacional que se celebrará el 30 y 31 de octubre. En un tono directo, Ovelar explicó los avances de la organización y los desafíos que enfrentan los adultos mayores en Uruguay.

Principales ejes de reclamo

La ONAJPU participa activamente en el Diálogo Nacional de Seguridad Social, donde su principal preocupación es el financiamiento y la sostenibilidad del sistema. Ovelar enfatizó que las futuras reformas deben tener una «sustentabilidad económica y social». La organización se opuso a la última reforma, la Ley 20.130, porque «recae solamente sobre jubilaciones y pensiones», ignorando la complejidad total del Banco de Previsión Social (BPS).

Otro punto de gran preocupación para la ONAJPU es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Ovelar alertó sobre los 40,000 niños y niñas que trabajan en el país, lo que limita su acceso a la educación y a un futuro con mejores oportunidades. También se abordó el tema del costo de los medicamentos, ya que los tiques varían según la mutualista, generando inequidad.

Negociaciones con el Gobierno y próximos pasos

Sobre los encuentros con el gobierno, Ovelar valoró la reunión que mantuvieron con el presidente de la República, Germán Duors, en abril. «Tuvimos un quinquenio sin ser recibidos», subrayó.

Respecto al reciente aumento de las jubilaciones mínimas, que fue del 2 % más un 1 % diferido, Ovelar expresó que, si bien la cifra no es suficiente, la organización valora que el 1 % adicional se dará sobre el nuevo ajuste y no será descontado. «Hay que seguir insistiendo para tratar de buscar soluciones para apostar a una mejor calidad de vida», sentenció.

Finalmente, la ONAJPU continuará reclamando una partida fija en junio y diciembre para jubilados a modo de aguinaldo. La secretaria concluyó que el objetivo es garantizar que la próxima reforma de la seguridad social «no recaiga sobre trabajadores y sobre jubilados», y que el sistema sea «más equitativo, más justo y sin lucro».